El Ayuntamiento prepara una nueva Ordenanza Municipal sobre bicicletas y patinetes eléctricos

El Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez ha aprobado -con los votos en contra de toda la oposición- la elaboración de la Ordenanza Municipal reguladora del uso, circulación, estacionamiento, registro y aseguramiento de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y las bicicletas en las vías urbanas del municipio.

«El objetivo es mejorar la seguridad vial, favoreciendo una movilidad que garantice una convivencia ordenada entre peatones, ciclistas y conductores, ante el aumento de este tipo de vehículos en los últimos años», ha explicado el delegado de Transporte y Movilidad, David Esteban Fernández.

«Además» – ha añadido- «la norma permitirá adaptar la regulación municipal a la legislación vigente y a las directrices marcadas por la Dirección General de Tráfico«.

Fernández ha desglosado que el nuevo texto legal pretende minimizar «los accidentes y los problemas de convivencia que surgen porque peatones, coches, VMP y bicicletas comparten el espacio público sin normas claras».

Además, esta ausencia de normativa se extiende no sólo a la circulación, velocidad o estacionamiento, «sino al uso del casco y otros elementos de seguridad», ha añadido el delegado, a lo que se suma un vacío sobre «uso, registro, certificación técnica y condiciones de circulación».

Lo que regulará la nueva Ordenanza:

• Mejorar la seguridad vial, estableciendo requisitos como la velocidad máxima permitida, el uso obligatorio del casco y de elementos reflectantes en horario nocturno.

• Regular de forma los espacios y condiciones de circulación, permitiendo el uso en calzadas y carriles bici y prohibiéndolo expresamente en aceras, zonas peatonales y vías no aptas.

• Establecer normas específicas sobre estacionamiento, evitando obstáculos a peatones y vehículos y prohibiendo el uso indebido del mobiliario urbano.

• Regular las condiciones para la explotación económica de VMP (alquiler o sistemas de “compartido”), exigiendo autorización previa, seguro obligatorio y condiciones técnicas adecuadas.

• Implantar un régimen sancionador claro y proporcionado, con infracciones leves, graves y muy graves, que pueden incluir sanciones económicas de entre 100 y 500 euros, según la gravedad.

El delegado David Esteban Fernández también ha incidido en la apertura del proceso «a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones potencialmente afectadas en la elaboración de esta normativa», por lo que se ha abierto un proceso de consulta pública previa presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano o a través de la web municipal (AQUÍ).

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