La Plataforma Ecologista Madrileña, la Asociación Empatía y la Plataforma No a la Caza han criticado la nueva Ley de Caza que tramita la Comunidad de Madrid al considerar que se basa en «falsas premisas que presentan la caza como una herramienta de gestión y sostenibilidad».
Los colectivos han anunciado el inicio de campañas informativas y de movilizaciones para contrarrestar lo que consideran «un grave retroceso en materia medioambiental y ética en una actividad recreativa que encuentra su disfrute en la muerte de animales y que resulta incompatible con otros usos del territorio».
La nueva Ley autonómica, que sustituirá a la promulgada en 1970, dará cobertura a los usuarios de 43.855 licencias de caza en la provincia, en la que la superficie habilitada para la actividad cinegética ocupa más del 69 % del territorio (576.000 hectáreas).
Según estas organizaciones, el nuevo texto legal «intensifica la presión sobre las especies silvestres al ampliar el listado cinegético de 24 a 31 especies. Entre las nuevas piezas se encuentran aves vinculadas a humedales -como gansos, ánades o agachadizas- cuyas poblaciones están en declive en la Península Ibérica y en la propia Región».
También han denunciado «la recuperación de modalidades de caza prohibidas hasta ahora por su crueldad, como la caza de paloma con cimbel o la perdiz con reclamo, prácticas que emplean animales vivos como señuelo, el uso de perros de traílla o de madriguera y el empleo masivo de perros de rehalas, animales excluidos de la Ley de Protección de los Animales de Compañía».
El proyecto -que contempla declarar hábiles todos los días del año para la caza- «prohíbe el acceso a caminos públicos y a las márgenes de los ríos durante las jornadas de caza, autoriza el uso de drones, dispositivos térmicos o de visión nocturna para localizar a los animales», continúan los colectivos ecologistas y animalistas.
Finalmente, las asociaciones estiman que la nueva Ley «limita el derecho a la protesta al penalizar el acceso de personas no cazadoras a las zonas de caza bajo la fórmula de ‘dificultar el legítimo aprovechamiento cinegético'» y que «la administración delega casi toda la supervisión en los titulares de los cotos, dejando sin control efectivo la planificación de las especies y los ejemplares que podrán abatirse».
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