La Comunidad de Madrid ha anunciado la aprobación del proyecto de Ley de Caza y Pesca, la primera de estas características para el sector en la historia de la región y que sustituirá a la vigente que data de 1970.
El texto será remitido ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria, con la previsión de que entre en vigor a lo largo de este mismo año.
En la Comunidad de Madrid, cerca del 69% del territorio -576.000 hectáreas- está considerado terreno cinegético, con unas 44.000 licencias de caza en vigor. En el ámbito de la pesca, la región cuenta con alrededor de 46.000 licencias activas y 24 tramos regulados que suman casi 130 kilómetros, gestionados en parte en colaboración con entidades locales.
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha introducido modificaciones «para modernizar el sector, mejorar la gestión de la fauna y reforzar la seguridad», según ha publicado el Gobierno Regional.
Entre los cambios están que se establece por vez primera un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, independientemente de la modalidad, con la excepción de la caza menor, que podrá autorizarse desde 50 hectáreas con justificación técnica.
La nueva Ley también crea los Planes de Control Poblacional, una herramienta dirigida especialmente a los ayuntamientos para gestionar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo fuera de los periodos ordinarios de caza y prevenir daños en la agricultura.
En materia de seguridad se amplía la distancia mínima respecto a núcleos de población de 100 a 150 metros, manteniendo el resto de las limitaciones vigentes.
¿Y la pesca?
En materia de pesca, se simplifica la regulación de las aguas, que quedarán reducidas a tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Además, pone especial atención en especies emblemáticas como la trucha en los ecosistemas fluviales, así como en otras de interés para los pescadores en embalses y tramos bajos de los ríos, como la carpa o el lucio.
Nuevas tecnologías… y nuevas multas
La futura ley implantará las licencias digitales y los procedimientos administrativos electrónicos. También actualiza el régimen sancionador: las infracciones leves se castigarán con multas de entre 200 y 1.000 euros; las graves, entre 1.000 y 10.000 €; y las muy graves, entre 10.000 y 80.000 euros.
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