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29 de mayo de 2026

Manifestación contra la futura Ley de Caza de la Comunidad de Madrid

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La Plataforma Ecologista Madrileña, la Asociación Empatía y la Plataforma No a la Caza (NAC) han convocado una manifestación en protesta contra el proyecto de Ley de Caza y Pesca Fluvial de la Comunidad de Madrid que actualmente tramita la Asamblea de Madrid.

Será a las 12:00 horas en la Plaza del Callao de Madrid y se tienen previstas dos paradas en el recorrido, la sede la presidencia de la Comunidad (Puerta del Sol) y la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, término de la concentración.
Los convocantes expresan que la futura Ley «ha sido redactada al dictado del lobby cinegético, un sector que representa apenas el 0,63 % de la población madrileña pero que controla más del 70 % del territorio de la Comunidad de Madrid».
Asimismo, señalan que «supone un retroceso sin precedentes en materia medioambiental, de bienestar animal y de derechos ciudadanos».
Los puntos que critican:
  • Amplía las especies cazables de 24 a 31, incorporando aves acuáticas y limícolas cuyas poblaciones están en declive o con escasa presencia en la Comunidad de Madrid (ganso, ánade silbón, agachadiza común y agachadiza chica, entre otras).
  • Habilita todos los días del año para la caza mayor y amplía la temporada de caza menor, eliminando cualquier período real de tregua para la fauna.
  • Autoriza el uso de drones, dispositivos térmicos y visores nocturnos para localizar animales, eliminando prácticamente cualquier posibilidad de escape.
  • Recupera modalidades de caza prohibidas por su crueldad, como la caza de paloma con cimbel y la perdiz con reclamo, que emplean animales vivos como señuelo.
  • Permite el uso masivo de hasta 500 perros de rehalas por montería, excluidos de la normativa de protección animal.
  • Prohíbe el acceso ciudadano a caminos públicos y márgenes de ríos durante las jornadas de caza y penaliza la presencia de personas no cazadoras en zonas cinegéticas.
  • Delega la supervisión y planificación cinegética en los propios titulares de cotos, sin mecanismos de auditoría científica ni control público.
Las organizaciones convocan «a todos los colectivos afectados: senderistas, ciclistas, familias, amantes de la naturaleza, fotógrafos, vecinos de municipios rurales y a toda la ciudadanía que considere que el territorio público no puede ser entregado en exclusiva a una minoría armada».
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