Los colectivos han anunciado el inicio de campañas informativas y de movilizaciones para contrarrestar lo que consideran «un grave retroceso en materia medioambiental y ética en una actividad recreativa que encuentra su disfrute en la muerte de animales y que resulta incompatible con otros usos del territorio».
La nueva Ley autonómica, que sustituirá a la promulgada en 1970, dará cobertura a los usuarios de 43.855 licencias de caza en la provincia, en la que la superficie habilitada para la actividad cinegética ocupa más del 69 % del territorio (576.000 hectáreas). Según estas organizaciones, el nuevo texto legal «intensifica la presión sobre las especies silvestres al ampliar el listado cinegético de 24 a 31 especies. Entre las nuevas piezas se encuentran aves vinculadas a humedales -como gansos, ánades o agachadizas- cuyas poblaciones están en declive en la Península Ibérica y en la propia Región».
También han denunciado «la recuperación de modalidades de caza prohibidas hasta ahora por su crueldad, como la caza de paloma con cimbel o la perdiz con reclamo, prácticas que emplean animales vivos como señuelo, el uso de perros de traílla o de madriguera y el empleo masivo de perros de rehalas, animales excluidos de la Ley de Protección de los Animales de Compañía».
El proyecto -que contempla declarar hábiles todos los días del año para la caza- «prohíbe el acceso a caminos públicos y a las márgenes de los ríos durante las jornadas de caza, autoriza el uso de drones, dispositivos térmicos o de visión nocturna para localizar a los animales», continúan los colectivos ecologistas y animalistas.
Finalmente, las asociaciones estiman que la nueva Ley «limita el derecho a la protesta al penalizar el acceso de personas no cazadoras a las zonas de caza bajo la fórmula de ‘dificultar el legítimo aprovechamiento cinegético'» y que «la administración delega casi toda la supervisión en los titulares de los cotos, dejando sin control efectivo la planificación de las especies y los ejemplares que podrán abatirse».
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La Comunidad de Madrid ha anunciado la aprobación del proyecto de Ley de Caza y Pesca, la primera de estas características para el sector en la historia de la región y que sustituirá a la vigente que data de 1970. El texto será remitido ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria, con la previsión de que entre en vigor a lo largo de este mismo año.
En la Comunidad de Madrid, cerca del 69% del territorio -576.000 hectáreas- está considerado terreno cinegético, con unas 44.000 licencias de caza en vigor. En el ámbito de la pesca, la región cuenta con alrededor de 46.000 licencias activas y 24 tramos regulados que suman casi 130 kilómetros, gestionados en parte en colaboración con entidades locales.
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha introducido modificaciones «para modernizar el sector, mejorar la gestión de la fauna y reforzar la seguridad», según ha publicado el Gobierno Regional.
Entre los cambios están que se establece por vez primera un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, independientemente de la modalidad, con la excepción de la caza menor, que podrá autorizarse desde 50 hectáreas con justificación técnica.
La nueva Ley también crea los Planes de Control Poblacional, una herramienta dirigida especialmente a los ayuntamientos para gestionar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo fuera de los periodos ordinarios de caza y prevenir daños en la agricultura. En materia de seguridad se amplía la distancia mínima respecto a núcleos de población de 100 a 150 metros, manteniendo el resto de las limitaciones vigentes.
¿Y la pesca?
En materia de pesca, se simplifica la regulación de las aguas, que quedarán reducidas a tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Además, pone especial atención en especies emblemáticas como la trucha en los ecosistemas fluviales, así como en otras de interés para los pescadores en embalses y tramos bajos de los ríos, como la carpa o el lucio.
Nuevas tecnologías… y nuevas multas
La futura ley implantará las licencias digitales y los procedimientos administrativos electrónicos. También actualiza el régimen sancionador: las infracciones leves se castigarán con multas de entre 200 y 1.000 euros; las graves, entre 1.000 y 10.000 €; y las muy graves, entre 10.000 y 80.000 euros.
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